Diputada Cicardini llamó al gobierno a ampliar plazos y corregir exclusión de tripulantes, recolectores y buzos del bono pyme a la Pesca Artesanal

Un llamado al gobierno a “hacer las cosas bien” ampliando el acotado y ya vencido plazo de postulación del Bono Alivio Pyme por la pandemia para la Pesca Artesanal y corrigiendo lo que calificó como “una exclusión inaceptable de pescadores, tripulantes, orilleros y buzos”, realizó la diputada por Atacama (PS) Daniella  Cicardini.about:blank

La parlamentaria valoró al respecto que el Ejecutivo a través del ministerio de Hacienda haya accedido finalmente a la solicitud de incorporación del sector en el llamado Bono Alivio Pyme, de 1 millón de pesos, tras un pronunciamiento de Contraloría e insistentes llamados e iniciativas de gremios y de la propia legisladora y otros diputados en la comisión de pesca de la Cámara, pero lamentó la tardanza y que el apoyo se restrinja únicamente a los armadores o dueños de embarcaciones inscritos en el Registro Pesquero Artesanal.

En esa línea la diputada Cicardini señaló que “por un lado valoramos que después de tanto insistir, el gobierno y Hacienda se abrieran a la posibilidad de corregir el error de dejar fuera del apoyo del Bono Pyme a un sector tan importante como la pesca; pero tal y como nos tiene acostumbrados lo hace otra vez tarde mal y a medias, ya que aunque está muy bien que beneficie a los peqeuños armadores, todavía se sigue excluyendo a los pescadores, a los recolectores, a los buzos y a los tripulantes de la Pesca Artesanal, lo que me parece inaceptable”.

Asimismo la parlamentaria por Atacama agregó que “es todavía más incomprensible que por la demora del gobierno hayamos tenido pronunciamientos de Contraloría e Impuestos Internos recién el viernes 30 de julio, por lo tanto de los que se enteraron y podían hacerlo, apenas tuvieron plazo entre el sábado 31 y el martes 2 de agosto; considerando la lejanía, las dificultades de conexión a internet, no contar con clave única y el desconocimiento de estos procesos online de muchos de ellos”

 “Por lo tanto como parlamentaria hago un llamado al gobierno, y lo mínimo que exigimos es que entregue un nuevo plazo más amplío de postulación, y buscar mecanismos para que se incorpore a tripulantes, a los buzos, a los orilleros y a todos los trabajadores y trabajadoras de la pesca que quedaron afuera”, subrayó Cicardini.

La legisladora recordó finalmente que es coautora de un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados y Diputadas que precisamente solicitaba la incorporación de la pesca artesanal al bono pyme, para subsanar su ausencia del decreto de Hacienda, que en su minuto también afectó a los feriantes y el rubro del transporte; “pero siempre incluyendo también a pescadores, recolectores y buzos, y proponiendo alternativas para acreditar su labor, como el registro de zarpe de la gobernación y Sernapesca, y que le llegase a quienes realmente trabajan en el sector que son los que más lo necesitan”, enfatizó.

El pronunciamiento del Contralor General de la República, del pasado viernes 30, habilitó la entrega del llamado bono pyme sin inicio de actividades tributarias, indicando que  el artículo 68 del Código Tributario faculta al Servicio de Impuestos Internos a sustituir la iniciación de actividades en primera categoría por normas de carácter general, lo que de este modo permitió la postulación limitada a boteros y pequeños armadores del Registro de la Pesca Artesanal.

Diputada Cicardini impulsa proyecto que pide al gobierno incorporar a pescadores y pirquineros a beneficios del bono Pyme

Incorporar al llamado “bono alivio” pyme a los gremios de la pesca artesanal, buzos mariscadores, recolectores de orilla, así como a los pirquineros, es el objetivo de un proyecto de Acuerdo ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados por la diputada por Atacama (PS), Daniella Cicardini, en conjunto con otros parlamentarios encabezados por el diputado (IND) por la región de Coquimbo, Pedro Velázquez.

De esta forma, la iniciativa pide al Ejecutivo subsanar la ausencia de esas actividades en el decreto exento del ministerio de Hacienda, que fijó 56 rubros especiales que se podían acoger a la ley anteriormente aprobada por el Congreso (Nº 21.354), y que otorga bonos con cargo fiscal de $1 millón de pesos para ir en ayuda de personas naturales y micro y pequeñas empresas afectadas económicamente por la crisis generada a raíz de la pandemia Covid-19.

Al respecto, la diputada Daniella CIcardini señaló que “el objetivo de este proyecto de acuerdo que hemos ingresado con otros parlamentarios es seguir corrigiendo lo que para nosotros es una discriminación que ha hecho el gobierno y del Estado al dejar afuera del bono pyme a actividades como la de la pesca artesanal, la de los recolectores y buzos; y también la de los pirquineros; que son todas labores muy importantes y presentes en Atacama, pero que son a la vez actividades tremendamente precarias y sacrificadas, y muy golpeadas por la pandemia”.

La parlamentaria agregó que “es por eso que no se entiende que hayan sido excluidos de estos apoyos, tal como el gobierno pretendió hacerlo en su minuto con los feriantes, y eso se revirtió con las presentaciones que hicimos ante la Contraloría; o en el caso del transporte de pasajeros, los colectiveros y el transporte escolar, en donde también tuvo que intervenir Impuestos Internos para incorporarlos. Es esa discriminación injustificada la que se está repitiendo en el caso de la pesca artesanal y los pirquineros, y por eso a través de este proyecto le pedimos al Ejecutivo que lo corrija incorporándolos al bono pyme”, enfatizó.

Asimismo, la diputada Cicardini detalló que para el caso de los pescadores artesanales, la iniciativa propone establecer como requisito la acreditación con la habitualidad de zarpe por la Gobernación Marítima y El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, a fin de cautelar que la entrega del bono favorezca a quienes verdaderamente se dedican a las labores de extracción de los recursos marinos.

Finalmente, la legisladora indicó que espera que el proyecto sea aprobado próximamente por la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas y que la propuesta sea acogida por el Ejecutivo, a objeto que las actividades señaladas puedan ser parte a la brevedad de otros rubros clasificados como especialmente afectados y que ya han recibido el beneficio, como los de gastronomía, eventos, cultura, turismo, peluquería y gimnasios, entre otros.

Diputada Cicardini: “El gobierno quiso sabotear la Convención Constitucional y ahora se burla de las regiones quitándole recursos a los nuevos gobernadores”

Parlamentaria informó que, entre otras acciones, oficiará al ministerio de Hacienda, Dipres y Contraloría, y solicitará una sesión especial de la Cámara para abordar y exigir revertir la decisión de disminución presupuestaria para Atacama y regiones perjudicadas.

Con molestia y señalándolo como una burla a la descentralización  “y la continuidad del sabotaje a los cambios en la Convención Constituyente”, reaccionó la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, ante la decisión del gobierno a través de la Dirección de Presupuestos, de disminuir los recursos de 13 de los 15 nuevos Gobernadores Regionales, incluyendo la nueva autoridad de la región de Atacama.

La medida se dio a conocer a través de la difusión del contenido de un decreto de la Dirección de Presupuestos, Dipres, e implica un recorte de recursos por cerca de 1400 millones de pesos a las nuevas autoridades que asumen sus cargos este próximo 14 de julio; recursos además reasignados a la figura de los delegados presidenciales, que asumirán los actuales intendentes como representante del Presidente de la República en cada una de las regiones.

Frente a esto, la diputada Daniella Cicardini afirmó que” en menos de una semana vimos cómo el gobierno demostró su empeño en sabotear los cambios que demanda la gente; primero con una ineficiencia que raya en el dolo, en lo que fue la instalación de la nueva Convención Constitucional, y ahora con esta burla inaceptable a los territorios y a la voluntad de la gente, expresada en la última elección, y que es además una burla al inicio del proceso de descentralización que representan los nuevos gobernadores regionales”.

“Yo no sé si la derecha y el presidente quisieron darse un gustito o tener una muy mezquina venganza ante la total derrota y el fracaso en la elección de gobernadores, en donde eligieron un solo gobernador en todo Chile, pero al hacerlo están perjudicando a las regiones como Atacama y y a su gente y al proceso de descentralización; y en lugar de comenzar a desconcentrar el poder, deciden retener poder y traspasar recursos en una figura designada a dedo en desmedro de quien eligió la ciudadanía”, criticó la parlamentaria.

“Hoy en lugar de estar hablando de impulsar una verdadera ley de rentas regionales y de darle un mayor impulso y más atribuciones y recursos a los nuevos gobernadores, Piñera y su gobierno deciden atornillar al revés de la descentralización, y al revés de las demandas de la gente, quitando recursos a la autoridad que eligieron las y los ciudadanos. Esto es impresentable y exigiremos que se revierta,”añadió.

En esa línea, la diputada Cicardini recordó que “esto no es de ahora; desde hace meses este gobierno viene mostrando su pequeñez a través del interés de minimizar a los gobernadores regionales, y su desprecio a la decisión de la gente; porque ni el gobierno ni el actual intendente y futuro delegado presidencial, conversaron con los trabajadores del gobierno regional ni con los candidatos a gobernador; antes de tomar la decisión de relegarlos a espacios reducidos e inseguros y decidir quedarse con las dependencias del edificio Pedro León Gallo, que es el símbolo histórico de alguien que luchó contra el centralismo. El mundo al revés”.

A raíz de lo anterior, la diputada Daniella Cicardini señaló que espera “sumar fuerzas junto a otros parlamentarios comprometidos con las regiones y la descentralización “, para exigir revertir la medida, e informó que ya solicitó el envío de oficios de la Cámara de Diputados y Diputadas dirigidos al ministro de Hacienda, la dirección de Presupuestos, y para pedir el pronunciamiento del Contralor General de la República. Asimismo informó que solicitará una sesión especial de la corporación con la presencia del gobierno para tratar el tema.

Fuente: Atacama Noticias

Diputada Cicardini destacó avance de proyecto de su coautoría que sanciona penalmente el robo de agua

Su satisfacción manifestó la diputada (PS) por Atacama Daniella Cicardini, tras la aprobación en particular en la Cámara de Diputados y Diputadas y paso al Senado, del proyecto de su coautoría que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y afectación de las aguas.about:blank

La iniciativa retornó a la sala de la Cámara, donde fue aprobada en general a principios de junio, y luego que fuese devuelta a la Comisión de Recursos Hídricos por haber sido objeto de indicaciones.

La propuesta tipifica y castiga el delito de afectación del agua, estableciendo multas que parten en 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales, y de tres años y un día a cinco años de presidio, hasta castigos máximos de presidio mayor en su grado medio (10 años y un día a 15 años), llegando además a multas desde mil a 10 mil unidades tributarias mensuales (520 millones de pesos al valor actual).

Estas últimas para casos graves de reincidencia con daño al medioambiente o riesgo para la salud de la población, y en momentos de emergencia o sequía.

Respecto al avance de la iniciativa, la diputada Daniella Cicardini señaló que “estamos muy satisfechos de la aprobación en particular y paso al Senado de este proyecto que presentamos junto a la diputada Girardi y otros parlamentarios,  porque es un proyecto que se hace cargo de sancionar el daño y el robo del agua que es un recurso escaso, fundamental y que nos pertenece a todas y todos”.

“Estamos estableciendo multas significativas y también sanciones penales, porque en medio de la sequía, del saqueo y del cambio climático, es inaceptable que hayan algunos grandes empresarios que se rían de todos los chilenos y chilenas, y que prefieran pagar las multas ridículas que hoy existen, pero seguir robando y desviando el agua para alimentar sus negocios millonarios”, enfatizó la legisladora.

Asimismo Cicardini recordó que “la crisis hídrica también tiene su origen en la sobre explotación, el sobre otorgamiento de los derechos de agua, porque fíjese que entre 2016 y 2020, incluso en medio de la pandemia, el número de derechos de agua otorgados no disminuyó sino que aumentó en las cuencas del país.

“Por lo tanto no podemos aceptar que además de eso se siga afectando el agua, y por eso hemos dicho que este proyecto busca terminar con la impunidad en el robo del agua, y que no se siga afectando ese bien esencial que es de todas y todos, que esperamos ojalá se consagre en la nueva constitución como un verdadero bien de uso público y acceso garantizado como un derecho humano”, remarcó.

El texto del proyecto fija también excepciones cundo se haga uso de agua para la sobrevivencia humana y sin fines de explotación y comercialización, así como para pequeños agricultores y campesinos cuya subsistencia depende del acceso al recurso.

Además, una investigación por este delito podrá ser iniciada por denuncia de cualquier persona, por oficio por parte del Ministerio Público, o por organizaciones sin fines de lucro, como comités y cooperativas de agua potable, organizaciones de usuarios de defensa de las aguas sin fines de lucro; y podrán deducir querella la Superintendencia del Medio Ambiente, el Consejo de Defensa del Estado o las municipalidades.

Diputada Daniella Cicardini: “La ley de pesca es una ley corrupta, que le da el privilegio a siete familias de nuestro país»

Para la diputada Daniela Cicardini (PS) su profesión de bióloga marina la lleva a tener una preocupación muy marcada y estudiada sobre el tema de la pesca de arrastre.

“La ley de pesca es una ley corrupta, que le da el privilegio a siete familias de nuestro país de los recursos marinos de nuestro país, recursos que son de todas las chilenas y chilenos», afirmó en entrevista con El Ciudadano.

 “Tenemos que hacernos cargo del escenario que estamos viviendo, de un cambio climático, el impacto a nuestros recursos y nos queda (la tarea) en este caso, de prohibir la pesca de arrastre, que es un arte de pesca que genera un daño importante” en los ecosistemas marinos, ya que arrasa con la fauna, atrapándola, pero con su uso, se diezma, también, la flora submarina.

La parlamentaria socialista recordó que este tipo de pesca es menos selectiva,e inclusive requiere décadas para poder regenerar el fondo marino, «por lo mismo no solo se debe avanzar en (limitar o prohibir) la merluza común, sino en todas las especies que están en esta condición y se les permite se extraigan con pesca de arrastre”, indicó, al tiempo  que señaló que se repondrá la indicación que busca ampliar la cobertura de especies protegidas de la pesca de arrastre.

Por tal motivo, la bióloga marina cuestionó a aquellos que se oponen a la ley para erradicar la pesca de arrastre de la merluza.

“No están entendiendo el objetivo del proyecto de ley. Si seguimos sacando de manera indiscriminada los recursos, vamos a agotar la sustentabilidad, si no somos capaces de resguardar los recursos, todos vamos a salir perdiendo, la pesca industrial, y todos los chilenos”, manifestó.

“Debemos dejar de lado las pequeñeces y hacernos cargo de la situación que se está viviendo a nivel planetario, hoy el cambio climático no sólo ha impactado en nuestros recursos marinos. Hoy en día, claramente también han salido muy afectados los pescadores artesanales, por lo mismo este proyecto nos da la posibilidad de abrir el debate, ya que hay que hacer una reforma completa a la ley de pesca”, agregó la diputada. 

La parlamentaria planteó que si no se actúa ahora y  a tiempo «el día de mañana se acabarán los recursos». 

“Muchas de las personas que están en contra de este proyecto han argüido sus posturas «con el empleo, pero no se han dado cuenta que si seguimos con esta línea, el día de mañana se acabaran los recursos y acá tenemos un escenario que es muy distinto, con una ley de pesca que nos ha llevado a tener una tensión sistemática y permanente entre los mismos sectores de la pesca, industrial y artesanal. Además lo que refiere al cuidado de nuestros recursos naturales tiene que ver con una cuestión de subsistencia, de cómo somos capaces de poder compartir con otras especies que, en estricto rigor, nos ayudan a nosotros, los seres humanos, a sobrevivir. Tenemos que tener la capacidad de compatibilizar ambas cosas, la producción y la actividad económica con el cuidado de los recursos marinos», indicó.

 Ministerio del Mar

Con base a las constantes falencias que tiene el aparato estatal, en la estructura institucional, la diputada Cicardini planteó que ella «aspiraría a tener el Ministerio del Mar, o el Ministerio de Recursos Marinos o como queramos llamarlo, pero este Ministerio del Mar nos permitiría como país ponerle foco a una actividad productiva que está en segundo o tercer lugar».

 «Actualmente existe el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Minería, por qué no ponemos foco a lo que tenemos en nuestras costas, si tenemos más de 4500km de ella en nuestro país, tenemos recursos que son renovables, y estoy hablando de recursos que, si son cuidados con prudencia, con sus ciclos productivos, nos permitiría generar recursos, no solo con los recursos de los peces, sino podríamos ponerle ojo a lo que pasa con las algas, que tienen tremendas propiedades y las están comprando a destajo, a precio huevo, y está pasando lo mismo que con el cobre, exportamos y exportamos, y no somos capaces de darle valor agregado», explicó.

A su juicio, es  importante avanzar en la manufactura de todos los recursos ya que, de esta forma se podría generar muchos más recursos que los que llegan con la actual forma de exportación, es decir, solo vender materias primas. 

Cicardini destacó que desde el mar y las algas se «entregan vitamina D, por eso se utilizan para cosméticos, son regeneradoras de tejidos, por eso se usan para medicamentos y además para alimentos y biocombustibles, que como país no hemos sido capaces de darle un valor extra a esos recursos».

«Hay mucho que hablar sobre los recursos marinos, hay mucho que investigar en estas áreas, pero mientras sigamos encasillados en una ley de pesca que realmente es una burla, que es una ley corrupta y abusiva, y que de verdad hoy día no tiene una visión de cómo podemos cuidar nuestros recursos marinos», condenó.

«Hoy en día se están haciendo granjas marinas, por eso tenemos que educar a la comunidad en que se están haciendo otras formas de poder hacer pesca y trabajar con los recursos marinos, pero siempre considerando el principio precautorio de sustentabilidad, sino todos perdemos, los pescadores artesanales y todos los chilenos (…)  debemos avanzar en eliminar la pesca de arrastre, de raíz, pero también faltan otros elementos que permitan potenciar esta actividad productiva»,  considerando que «tenemos todas las condiciones”, pero  que aún falta contar con una  “institucionalidad que nos ayude a plantear la importancia que tiene la actividad pesquera en nuestro país», afirmó la diputada socialista.

Diputada Cicardini pedirá Comisión Investigadora por denuncia de trabajadores de irregularidades en Fundición Hernán Videla Lira de Enami

Su voluntad de solicitar a la brevedad la conformación de una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, tras las denuncias de irregularidades dadas a conocer en un comunicado por el Sindicato N° 1 de la Fundición Hernán Videla Lira de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, manifestó la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini.

En lo esencial, el Sindicato acusa un daño a la empresa y sus trabajadores, y la falta de sanciones tras los resultados de una auditoría metalúrgica interna por irregularidades advertidas tanto por el propio ex vicepresidente de Enami, Robert Mayne-Nichools, en septiembre de 2020, como por trabajadores asociados al Sindicato N°1 y por el entonces superintendente de operaciones Carlos Fernández.about:blank

En ellas, entre otros aspectos, se alertaba la discordancia entre cifras de producción metalúrgica y los resultados finales en cobre fino; lo que motivó la solicitud de la citada auditoria por parte del entonces vicepresidente de la estatal. Asimismo, denuncian la demora en la entrega a los trabajadores de los resultados de la investigación interna, conocida en dicembre de 2020 por las autoridades pero dadas a conocer a la directiva del Sindicato, solo en una presentación y no entregadas físicamente, recién a fines de mayo pasado.

Al respecto, la diputada Daniella Cicardini indicó que los antecedentes expuestos por los trabajadores ameritan su indagación en profundidad en la instancia fiscalizadora, “ya que no se puede permitir a unos pocos hacer lo que se les antoje en una empresa estatal con recursos de todos los chilenos y chilenas, en las que siempre apelamos a una gestión responsable y eficiente, y los hechos que denuncia el sindicato dan luces de que ocurriría todo lo contrario al interior de ENAMI, lo que nos preocupa por su rol en la región y en apoyo a los pequeños mineros”.

La parlamentaria calificó además lo expresado por los representantes de los trabajadores, con quienes ya sostuvo distintos encuentros, como “gravísimo; ya que ya no estamos hablando solo de una mala administración que ha perjudicado los resultados financieros de la empresa; acá estamos hablando derechamente de irregularidades como la manipulación de datos respecto a las emisiones al medioambiente y la alteración de resultados de la empresa”.

“Esto, reitero, me parece de la mayor gravedad, porque además de perjudicar a sus trabajadores y trabajadoras, y a la propia empresa por una mala gestión, implica también que se habría estado poniendo en riesgo y jugando con el daño al medioambiente y la salud de la población”.

“Y en ese punto yo valoro y coincido con lo señalado por el sindicato, en el sentido que la empresa pudo haber hecho compatible el funcionamiento de la fundición dentro de las normas ambientales establecidas, y garantizar el seguir cumpliendo su gran objetivo en apoyo a la pequeña minería, si se hubiese escuchado a tiempo las advertencias de los trabajadores, y las que ha venido haciendo la comunidad y nosotros mismos a través de nuestro rol fiscalizador.”, afirmó Cicardini.

En la misma línea, la legisladora afirmó que “acá han habido situaciones alertadas por los trabajadores que han motivado incluso la realización de auditorías internas, que en gran medida recogen las denuncias, finalmente quedan en nada porque no se aplican las sanciones a quienes corresponde. Es decir, se hace como que se les escucha pero no se actúa en consecuencia”.

“Por el contrario, vemos con preocupación y molestia la desvinculación del ahora ex Superintendente de Operaciones de la Fundición Hernán Videla Lira, Carlos Fernández, y pediremos los antecedentes de su situación, porque sería impresentable e indignante que se compruebe una vez más que estamos ante el mismo modo de operar que lamentablemente hemos visto en el pasado ante denuncias de ejecutivos y de trabajadores y trabajadoras en otras empresas del Estado como Codelco”.

“Es decir, en lugar de valorar y premiar a quienes se atreven a denunciar, cuidar a una empresa del Estado y velar por su transparencia, se les termina pasando a llevar a ellos en sus derechos, se les persigue y sanciona y desvincula. O sea el mundo al revés”, enfatizó la diputada Cicardini.

En tanto, Eduardo de la Barrera, presidente del sindicato N°1 de ENAMI Paipote, valoró el anunció de la solicitud de la comisión investigadora, y fue categórico en señalar que “nos cansamos y queremos que se investigue a fondo, y se descubra la verdad sea cual sea”.

“Nadie se ha robado nada pero se mejoró gestión en base a adulteración de datos, y para nosotros tiene el mismo efecto. Falsificando datos las consecuencias que vemos es que los resultados que se entregaban en papel, no coincidían con la realidad que teníamos en la fundición. Los equipos se deterioraron porque no hubo dinero para comprar los concentrados respectivos, empezamos a fundir escoria y a trabajar con materiales inapropiados. Empezamos a vulnerar los límites establecidos por emisión de gases y hoy vemos que la fundición está prácticamente detenida”, detalló el dirigente.

Sala aprueba en general proyecto que tipifica el delito de robo de agua

El proyecto, en su primer trámite, establece sanciones penales y altas multas a quienes sin autorización extraigan, usurpen o contaminen aguas en el país. Además, propone penas de cárcel de hasta 15 años si se ocasiona daño en el medio ambiente o se pone en riesgo la salud de la población.

Por 148 votos a favor y una abstención, las y los diputados aprobaron en general el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas (boletín 14.045).

La norma, que fue informada por el diputado Sebastián Álvarez (EVOP) y que vuelve a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación por la presentación de indicaciones, modifica el Código Penal para establecer sanciones acordes a los daños que generan los particulares que afectan las aguas en el país.

En sus fundamentos, el texto señala que el recurso hídrico es la condición necesaria para la vida; por tanto, cualquier afectación es un atentado directo contra la vida de la población, en especial, respecto de aquella que se encuentra en zonas donde la sequía y los problemas de la institucionalidad han generado una afectación directa a su derecho de acceso al agua.

El texto considera como un grave riesgo para la salud de la población cualquier afectación a las aguas que sirven de abastecimiento para la población de localidades afectadas por la sequía o en las que se encuentre vigente un decreto que la declare como zona de escasez hídrica.

También incorpora sanciones como la suspensión temporal del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas y contratos sobre derechos de aprovechamientos.

Sanciones y Multas

Dentro de las modificaciones al Código Penal se plantea sancionar a quienes, sin autorización, extraigan, usurpen o contaminen aguas terrestres, con la pena de presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años) y multas de 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales.

Cuando el delito ocasione daño en el medio ambiente o ponga en riesgo la salud de la población, estas penas aumentarán a presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a 5 años) a presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años) y las multas de 750 a 7.500 unidades tributarias mensuales.

Además, dispone que la reincidencia del delito de daño grave en el medio ambiente y en la salud de la población será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado medio (10 años y un día a 15 años) y las multas ascenderían desde las mil a 10 mil unidades tributarias mensuales.

Asimismo, indica que cuando los delitos se causaren por negligencia o imprudencia, se impondrá el grado inmediatamente inferior de la pena corporal designada y una multa que no supere la mitad del máximo, en sus respectivos casos.

El texto legal fija como exención de responsabilidad penal que los hechos consistan en resolver y asistir necesidades inmediatas de abastecimiento de agua potable para la sobrevivencia humana o de los ecosistemas, no destinados a fines de explotación o comercialización.

Debate

En el debate, las opiniones fueron en general en apoyo a la propuesta, entendiendo que el agua es un derecho que debe ser de todos los ciudadanos.

Quienes intervinieron señalaron que es un tema relevante, debido a que es el futuro del planeta y un bien nacional de uso público, sobre todo en estos tiempos donde la sequía es alarmante en el país.

Además, indicaron que existe en Chile un robo de agua que ha persistido por extensos años y que solo tienen, actualmente, multas que contrastan con el verdadero valor del recurso hídrico.

Asimismo, señalaron que este proyecto apunta a sancionar a aquellos que roban el agua, que no son los pequeños agricultores, sino las grandes empresas mineras, agrícolas y forestales, con penas de cárcel y no solo multas.

Participaron en el debate las diputadas y los diputados RN Luis Pardo; PS Daniella Cicardini y Leonardo Soto; DC Matías Walker y Gabriel Ascencio; PPD Cristina Girardi y Carolina Marzán; IND Raúl Soto y Pedro Velásquez; PC Rubén Moraga; PEV Félix González; PCS Diego Ibáñez; RD Jorge Brito y Marcela Sandoval.

Ver Boletín N° 14045-07

Diputada Cicardini ofició por calidad del aire y llamó a apurar declaración de Tierra Amarilla como Zona Saturada

Su preocupación ante denuncias que le presentaran vecinas y vecinos por la situación de calidad del aire de la comuna de Tierra Amarilla debido a nuevos y recientes episodios de emisiones, que apuntan como posible fuente a la fundición Hernán Videla Lira de Enami, señaló la diputada por Atacama (PS), Daniella Cicardini, a través de oficios de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En los documentos la parlamentaria pide tanto a la ministra del medioambiente, Carolina Schmidt, como al Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, la realización de una fiscalización a los niveles de contaminación de la calidad del aire que se presentaron desde el día 11 de mayo del 2021 y en días posteriores en la comuna, Paipote y alrededores.about:blank

Al respecto, la diputada Cicardini señaló que “esto lamentablemente no es nada nuevo,  son hechos que se arrastran desde hace mucho y que cada cierto tiempo vuelven a perjudicar a las y los vecinos de Tierra Amarilla, pero ahora se agrava por la situación de la pandemia y se suman además al tema del impacto de las grandes tronaduras, y al daño en la salud y calidad de vida por la contaminación histórica de las grandes mineras”.

En esa línea la legisladora recordó que “nosotros estuvimos el año 2019 con la propia ministra de medioambiente en una reunión en la que planteamos el tema de las estaciones de monitoreo, aumentar la rigurosidad de la norma, y también ya en esa oportunidad se señaló la necesidad de la declaración de zona saturada por material particulado para Tierra Amarilla, que es muy relevante porque permitiría avanzar en un plan de descontaminación en beneficio de la gente”.

“Yo entiendo que hoy esa declaración estaría avanzada y próxima a hacerse efectiva, no solo para Tierra Amarilla, sino también para Paipote, e incluso esperamos que incluya a otros sectores de Copiapó, por lo que estamos haciendo un llamado al gobierno a apurar y no seguir demorando aún más la tramitación de Zona Saturada, porque no es justo, no es digno ni mucho menos saludable para sus vecinos y vecinas”, enfatizó la diputada Cicardini.

En los oficios enviados por la parlamentaria se solicita al ministerio y superintendencia del medioambiente, verificar posibles fuentes de origen de la “nube de humo”, indicando las acciones y medidas realizadas por ambos servicios, posibles responsables y sanciones aplicables.

Asimismo solicita fiscalizar el correcto funcionamiento de la estación de monitoreo de calidad del aire que tiene la empresa Enami en la comuna, sus posibles fallas y problemas con la medición de partículas. Lo anterior, teniendo presente que estos hechos denunciados son reiterados en el tiempo, incluso existiendo procedimientos sancionatorios iniciados por los propios organismos en años anteriores por circunstancias similares.

Fuente: Nostálgica

1 2 3 6